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Columna semanal OBSERBC- Reglas nuevas para empresas y empresarios

Miércoles 06 de septiembre de 2017

Reglas nuevas para empresas y empresarios

 

Por: José Luis Huape Rodríguez

 

Fui invitado por la directiva de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Sección B.C. -encabezada por Marco Antonio Ibargüen Morales- para  charlar sobre las bases constitucionales del Sistema Estatal Anticorrupción para B.C. en  el marco del “III Seminario Regional ANADE de Actualización Jurídica Corporativa” que tendrá lugar en la ciudad de Tecate los días 7 y 8 de septiembre del año en curso.

Sin duda, la charla despertará el interés de los participantes porque se trata de un tema novedoso y de muchas aristas.

De primera intención parece ser que el tema sólo interesa a servidores públicos por ser ellos quienes tradicionalmente han sido señalados y juzgados en base a las raquíticas leyes de responsabilidades administrativas y políticas que existían antes de julio de 2017.

En la memoria colectiva el tema de la corrupción está asociado con el sector público, concretamente con las acciones y actividades de servidores públicos de los tres niveles de gobierno. ¡Atención! Las cosas han cambiado. Ahora empresas y empresarios estarán sujetos al régimen de responsabilidades administrativas y penales de acuerdo con el nuevo marco legal que se estableció para el Sistema Estatal Anticorrupción de B.C.

Las nuevas reglas de responsabilidad se tendrán que conocer por empresas y empresarios que contraten con el Gobierno del Estado, Municipios, organismos y entes     públicos,     para     que     sepan     a     qué     atenerse     en     adelante.

La Ley de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor el día primero de enero de 2018, lo que significa que los empresarios tendrán tiempo suficiente para contratar los servicios de abogados especializados en esa materia a fin de minimizar riesgos y consecuencias legales gravosas.

Un primer acercamiento al tema de responsabilidades necesariamente debe provenir de las cámaras, sindicatos o asociaciones de industria, comercio o servicios, mediante la organización de charlas informativas en lenguaje ciudadano.

Los empresarios deben conocer las nuevas disposiciones legales relativas a las faltas administrativas siguientes: Soborno, interposición de personas en negocios prohibidos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, alterada o simulada, colusión de contratistas de obra pública, apropiación o desvío de recursos públicos, omisión en rendición de cuentas de recursos recibidos, contratación de ex servidores públicos que posean información privilegiada, etcétera.

Los miembros de la Iniciativa Privada deben saber que la ley establece sanciones a particulares, personas físicas que incurran o participen en las conductas descritas anteriormente que van desde sanciones económicas, inhabilitación temporal para contratar con el gobierno hasta por 8 años, indemnización por  daños y perjuicios al erario público. También deben conocer que tratándose de personas morales éstas quedan sujetas a sanciones económicas, inhabilitación temporal para contratar con el gobierno hasta por 10 años, suspensión de actividades hasta por 3 años, indemnización por daños y perjuicios al erario público.

La sanción puede llegar incluso a que se decrete la “disolución de la sociedad” de manera que pierda la capacidad legal para celebrar cualquier acto o contrato, no sólo con el gobierno. Esto  equivale  a  la  “muerte  comercial  de  la  empresa”.  No se debe echar a saco roto las nuevas reglas sobre responsabilidades administrativas que regirán la contratación entre empresarios privados, sean personas físicas o morales con los gobiernos estatales y municipales. Por eso es doblemente interesante la charla que tendré con mis colegas de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.

PD: No hay que permitir que los partidos políticos se repartan las posiciones anticorrupción.

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