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Columna semanal OBSERBC- Principios rectores de la publicidad oficial

Por: José Luis Huape Rodríguez

 

En los círculos periodísticos, políticos y gubernamentales retumbó la sentencia que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo indirecto en revisión número 1359/2015.

En ese fallo trascendente para la sociedad mexicana se determinó que el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores) está en mora desde el 30 de abril de 2014, fecha límite establecida en la Constitución General para que expidiera la Ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional relativa a la “publicidad oficial”, es decir, aquella que se contrata y paga con el producto de las contribuciones de los mexicanos.

La sentencia declara que es inconstitucional la falta de regulación de la publicidad oficial porque propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, lo que constituye una restricción indirecta de la libertad de expresión, toda vez que genera un efecto silenciador de los medios de comunicación críticos debido a que la distribución discrecional del presupuesto se puede utilizar como premio o castigo.

El fallo si bien representa un avance para el Estado de Derecho, se queda corta al no establecer cuál debe ser el contenido mínimo de la ley que ha de expedir el Congreso.

En otros países se permite a los Tribunales Constitucionales dar las bases de la legislación omitida, incluso el art. 64 de la Constitución de Veracruz establece esa facultad al Tribunal Superior del Estado. La Corte mexicana no se atrevió a dar ese paso.

Consideramos que la sentencia de la SCJN debió establecer como principios mínimos de regulación sobre publicidad oficial, los que se han proclamado en el Sistema Interamericano de


 

Protección de los Derechos Humanos, a saber los siguientes:

·             – Establecimiento de leyes especiales, claras y precisas: Los Estados deben adoptar reglas legales específicas sobre publicidad oficial en cada uno de sus niveles de gobierno.

·             Objetivos legítimos de la publicidad oficial: A publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización de sectores opositores o críticos del gobierno.

·             Criterios de distribución de la pauta estatal: Deben establecer para la contratación y distribución de la publicidad oficial procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto.

·             Planificación adecuada: Deberán hacer uso de los recursos destinados a programas estatales a través de campañas publicitarias concretas y necesarias, de acuerdo al principio de utilidad pública de la publicidad oficial.

·             Mecanismos de contratación: Deben asignar los recursos publicitarios a través de procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios, atendiendo a las características de cada entidad de gobierno y población.

·             – Transparencia y acceso a la información: Deben publicar periódicamente toda la información relevante sobre criterios de contratación, motivos de asignación, presupuestos, gastos y contratos publicitarios. En segundo lugar, deben garantizar ante cada requerimiento por parte del público en general el fácil acceso a la información.

·             Control externo de la asignación publicitaria: Incluir auditorías externas periódicas sobre los gastos y prácticas del gobierno en materia de contratación.

·             Pluralismo informativo y publicidad oficial: El programa de contratación no debe ser considerado como un mecanismo de sostenimiento de los medios de comunicación.

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